La Federación Estatal LGTBI+ respalda la proposición de ley que busca penalizar las prácticas de conversión, que ya están prohibidas administrativamente por la Ley LGTBI+. La presidenta Paula Iglesias destaca la importancia de modificar el Código Penal para castigar estas pseudoterapias con penas de prisión, ya que actualmente solo se sancionan con multas. La ONU ha calificado estas prácticas como tortura, y la propuesta incluye un nuevo artículo en el Código Penal para castigar a quienes intenten modificar o negar la orientación sexual o identidad de género. A pesar de que España es reconocida como líder en derechos LGTBI+, la federación insiste en que aún queda trabajo por hacer para garantizar la igualdad real y proteger a las víctimas.
La Ley LGTBI+ prohíbe las pseudoterapias, pero se tramita una proposición de ley para tipificarlas penalmente
La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha mostrado su satisfacción por el consenso alcanzado entre los partidos en relación al texto definitivo de la Ley que busca prohibir penalmente las prácticas de conversión. La organización apoya esta proposición y hace un llamado a la Comisión de Igualdad para que realice la votación lo antes posible, permitiendo así que el Congreso avance en la ratificación y brinde una mayor protección a las víctimas.
Desde 2023, la Ley LGTBI+ ya prohíbe administrativamente estas pseudoterapias. Sin embargo, fue en junio de 2025 cuando el Congreso admitió a trámite una proposición de ley destinada a tipificarlas como delito. Paula Iglesias, presidenta de la FELGTBI+, subraya que “esta modificación del Código Penal es crucial, dado que muchas organizaciones que promueven estas prácticas reciben financiación de fundaciones privadas y redes internacionales ultraconservadoras”.
Iglesias explica que “en la actualidad, este tipo de tortura solo se sanciona con multas, que son fácilmente pagables, lo que permite que la actividad continúe. Por ello, es fundamental modificar las penas para incluir prisión, antecedentes penales y la inhabilitación”.
La propuesta contempla la adición de un nuevo artículo al Código Penal (173 bis) que castiga con penas de entre 6 meses y 2 años de prisión a quienes utilicen métodos destinados a “modificar, reprimir o eliminar” la orientación sexual o identidad de género. La ONU ha calificado estas prácticas como tortura y ha instado a su prohibición global a través de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OHCHR). Además, la Asociación Mundial de Psiquiatría (WPA) ha señalado los graves daños psicológicos que provocan estas intervenciones.
“Estas prácticas generan daños psicológicos incluso cuando hay consentimiento”, añade Iglesias. “A menudo, las víctimas acceden debido a la presión ejercida por la lgtbifobia social o por un entorno hostil. Es esencial proteger incluso a aquellos que se ven forzados a someterse a esta violencia por parte de progenitores o tutores”.
Iglesias también señala que “aunque ILGA haya clasificado a España como líder en derechos LGTBI+, esto no debe llevarnos a una falsa sensación de seguridad”. La presidenta enfatiza que ocupar el primer puesto no implica haber alcanzado una igualdad real: “No podemos permitir que en el país más respetuoso con la diversidad LGTBI+ continúen ocurriendo torturas sin consecuencias”.
“Confiamos en que se ratifique esta aprobación definitiva en el Congreso lo más pronto posible para avanzar hacia una verdadera igualdad. Esperamos poder celebrar estos logros durante las festividades del Orgullo y resaltar la importancia de las medidas necesarias para protegernos del odio organizado”, advierte.
Iglesias destaca: “Ser número uno conlleva una responsabilidad continua para seguir avanzando y establecer un ejemplo para otros países”. En este contexto, junto con otras organizaciones internacionales defensoras de los derechos humanos, la FELGTBI+ recopiló más de un millón de firmas para presentar una Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), exigiendo a la Comisión Europea prohibir estas prácticas en todos los Estados miembros.
Iglesias comenta sobre el éxito rotundo en participación ciudadana durante esta iniciativa: “Recabamos apoyo desde 11 Estados miembros”. Sin embargo, lamenta que la Comisión Europea se haya negado hasta ahora a crear legislación vinculante y haya anunciado solo una recomendación oficial para 2027.
A pesar de esto, esta acción ha permitido captar el sentir tanto español como europeo respecto al tema. “Ahora pedimos un compromiso político que responda efectivamente a esta demanda social. Cuando existe apoyo ciudadano solo falta voluntad política; España ha demostrado ser un líder en derechos sociales en múltiples ocasiones”, concluye Iglesias.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 6 meses | Mínimo de prisión propuesto para prácticas de conversión |
| 2 años | Máximo de prisión propuesto para prácticas de conversión |
| 2025 | Año en que se admitió a trámite la proposición de ley |
| más de un millón | Número de firmas recopiladas para la Iniciativa Ciudadana Europea |
Es una iniciativa legislativa que busca tipificar penalmente las prácticas de conversión, que son consideradas tortura y están destinadas a modificar o reprimir la orientación sexual o identidad de género de las personas.
La Ley LGTBI+ ya prohíbe administrativamente las pseudoterapias relacionadas con las prácticas de conversión, pero no establece penas penales para quienes las ejerzan.
La presidenta de la Federación Estatal LGTBI+, Paula Iglesias, argumenta que es fundamental modificar el Código Penal para que estas prácticas no solo sean sancionadas con multas, sino que también impliquen cárcel y antecedentes penales, ya que muchas organizaciones que promueven estas prácticas continúan operando impunemente.
La ONU ha calificado las prácticas de conversión como tortura y ha instado a su prohibición global. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha solicitado constantemente su erradicación.
Estas prácticas pueden causar graves daños psicológicos, incluyendo depresión severa y pensamientos suicidas, y pueden ser ejercidas incluso bajo presión social o familiar.
La Federación Estatal LGTBI+ ha colaborado con otras organizaciones internacionales para recoger más de un millón de firmas en una Iniciativa Ciudadana Europea que pide la prohibición de estas prácticas en todos los Estados miembros de la UE.
El objetivo es lograr una protección efectiva para las víctimas y avanzar hacia una igualdad real en el tratamiento de los derechos LGTBI+ en España.