Expertos de la ONU han exigido al gobierno mexicano respuestas sobre la desaparición forzada de los defensores de derechos humanos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, quienes desaparecieron hace tres años en Colima. En un comunicado, los relatoras subrayaron la obligación del Estado de investigar y sancionar a los responsables, destacando el efecto amedrentador que estas desapariciones tienen sobre quienes defienden los derechos humanos. La situación se agrava en el contexto de un conflicto minero relacionado con la empresa Ternium, que debe colaborar con las investigaciones. Los expertos instaron a garantizar un entorno seguro para los defensores y a que tanto el Estado como las empresas respeten los derechos humanos.
Un grupo de expertos de la ONU ha exigido al Estado mexicano respuestas inmediatas sobre el paradero de los defensores de derechos humanos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, al cumplirse tres años de su desaparición forzada en Colima. En un comunicado, los relatores especiales y expertos independientes subrayaron que las autoridades «deben cumplir con sus obligaciones internacionales», lo que incluye investigar a fondo los hechos, llevar a cabo una búsqueda activa y sancionar penalmente a los responsables.
Lagunes, abogado defensor, y Díaz, líder indígena, fueron vistos por última vez el 15 de enero de 2023 después de participar en una reunión comunitaria en San Miguel de Aquila, Michoacán. Durante este encuentro, la comunidad abordó acciones colectivas relacionadas con los impactos en derechos humanos provocados por las operaciones de la empresa minera Ternium, parte del grupo Techint. Su desaparición se sitúa en el contexto de un prolongado conflicto por recursos naturales.
Los expertos han resaltado la «incansable búsqueda de verdad y justicia» llevada a cabo por las familias durante estos tres años, frente a lo que consideran una falta de «respuesta efectiva» por parte del Estado. Este caso está bajo el procedimiento de Acciones Urgentes del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas y cuenta con medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Los expertos advirtieron que «las desapariciones forzadas generan un efecto amedrentador sobre quienes defienden los derechos humanos (…) y sirven para silenciar voces críticas». Instaron al Gobierno mexicano a garantizar un entorno seguro para los defensores, reforzando el mecanismo de protección existente.
El comunicado también hace un llamado claro a la responsabilidad corporativa. Los expertos señalaron que, según informes, en contextos relacionados con proyectos extractivos «las empresas han fomentado y agravado divisiones comunitarias, incitando a la violencia». Exigieron a Ternium que colabore plenamente con las investigaciones, asista en la recopilación de pruebas y aborde cualquier impacto negativo en el que pueda estar involucrada, conforme a los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos.
Los especialistas en derechos humanos enfatizan una doble obligación:
Los expertos concluyeron recordando que mantienen comunicación tanto con el Gobierno mexicano como con la empresa implicada en este caso, que se ha convertido en un símbolo del alto riesgo que enfrentan los defensores del medio ambiente y la tierra en el país.
*Las Relatorías Especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Estos mecanismos independientes investigan y monitorean situaciones específicas relacionadas con derechos humanos. Las personas titulares son expertas designadas por el Consejo para abordar cuestiones temáticas o situaciones específicas en diversas regiones del mundo.
**Las expertas y expertos incluyen: Gabriella Citroni (Presidenta-Relatora), Gra?yna Baranowska (Vicepresidenta), Aua Baldé; Mohammed Al-Obaidi del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Damilola Olawuyi (Presidente), Robert McCorquodale (Vicepresidente), entre otros miembros del Grupo de Trabajo sobre derechos humanos y empresas transnacionales; así como Astrid Puentes Riaño, relatora especial sobre medio ambiente saludable; Albert K. Barume, relator especial sobre pueblos indígenas; Mary Lawlor, relatora especial sobre defensores de derechos humanos; Irene Khan sobre libertad de opinión; Gina Romero sobre libertad de reunión pacífica.
Los defensores de derechos humanos mencionados son Ricardo Lagunes, un abogado defensor, y Antonio Díaz, un líder indígena. Ambos desaparecieron forzadamente el 15 de enero de 2023.
Los expertos de la ONU exigen respuestas inmediatas sobre el paradero de Lagunes y Díaz, así como que las autoridades cumplan con sus obligaciones internacionales, incluyendo investigar exhaustivamente los hechos y sancionar a los perpetradores.
Su desaparición está relacionada con un conflicto minero en el estado de Colima, específicamente por su participación en una reunión comunitaria donde se discutían acciones colectivas contra los impactos en derechos humanos derivados de las operaciones de la empresa minera Ternium.
Las desapariciones forzadas generan un efecto amedrentador sobre quienes defienden los derechos humanos y sirven para silenciar voces críticas.
El Estado debe investigar diligentemente y proteger a los defensores, mientras que la empresa debe evitar vulnerar derechos, cooperar con las autoridades y proporcionar reparación por los impactos causados.