Perú ha promulgado una controvertida ley de amnistía que otorga inmunidad a militares y policías implicados en violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado interno (1980-2000). Esta legislación, firmada por la presidenta Dina Boluarte, permite la liberación de condenados mayores de 70 años y ha sido criticada por el Alto Comisionado de la ONU, quien advierte que contraviene normas internacionales. La ley podría afectar cientos de casos judiciales relacionados con crímenes graves, incluyendo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, que dejaron más de 70.000 muertos y 20.000 desaparecidos en Perú. La ONU insta a revertir esta medida para avanzar en la justicia y reconciliación del país.
La presidenta de Perú, Dina Boluarte, promulgó el 13 de agosto una nueva ley que otorga amnistía general a miembros de las fuerzas de seguridad y comités de autodefensa por delitos graves contra los derechos humanos, cometidos durante el conflicto armado interno en el país entre 1980 y 2000.
Esta legislación también contempla la liberación de condenados mayores de 70 años por delitos relacionados con dicho conflicto. La medida ha generado un fuerte rechazo a nivel internacional.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó su preocupación al afirmar que esta ley representa un retroceso en la búsqueda de justicia por las violaciones graves a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto peruano. Volker Türk, titular del organismo, manifestó su consternación: “Es una afrenta a las miles de víctimas que merecen verdad, justicia, reparaciones y garantías de no repetición, no impunidad”.
Cientos de casos, tanto cerrados como aún en proceso, podrían verse afectados por esta nueva normativa. Türk recordó que las leyes internacionales prohíben explícitamente las amnistías y la prescripción de violaciones graves a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
De acuerdo con expertos en derechos humanos, durante el conflicto armado las fuerzas de seguridad llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas y otros actos atroces que constituyen crímenes de guerra.
Las cifras proporcionadas por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación revelan que aproximadamente 70.000 personas perdieron la vida, siendo al menos el 30% víctimas de agentes del Estado. Además, más de 20.000 personas permanecen desaparecidas.
El Alto Comisionado instó a anular esta ley: “Este retroceso en la búsqueda de justicia y reconciliación en Perú debe revertirse inmediatamente”, enfatizó Türk.
Para lograr su aprobación, la ley recibió el apoyo del partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori. Este último fue condenado en 2007 a 25 años de prisión por crímenes contra los derechos humanos y corrupción durante su mandato (1990-2000). Aunque fue indultado en 2017, este indulto fue revocado al año siguiente. Finalmente, fue liberado en diciembre de 2023 bajo el actual gobierno peruano.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 70,000 | Muertos durante el conflicto armado interno |
| 20,000 | Desaparecidos durante el conflicto armado interno |
| 30% | Porcentaje de muertes a manos de agentes del Estado |
| 600+ | Casos pendientes en tribunales peruanos |
La nueva legislación otorga una amnistía general a militares, policías e integrantes de comités de autodefensa acusados de delitos cometidos entre 1980 y 2000, durante el conflicto armado interno en Perú.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha declarado que esta ley transgrede los estándares internacionales y representa un retroceso en la búsqueda de justicia por las violaciones graves a los derechos humanos cometidas durante el conflicto peruano.
Cientos de casos, tanto concluidos como en curso, podrían verse afectados por la nueva ley de amnistía, lo que podría impedir que las víctimas obtengan justicia.
Según expertos en derechos humanos, se estima que unas 70.000 personas murieron durante el conflicto, con al menos el 30% de estas muertes atribuidas a agentes del Estado, y más de 20.000 personas desaparecieron.
La ley obtuvo el respaldo del partido Fuerza Popular, liderado por la hija del expresidente Alberto Fujimori, quien fue condenado por crímenes contra los derechos humanos y corrupción durante su mandato.