Liberadas 162 mujeres explotadas sexualmente en España por una organización criminal. La Guardia Civil y la Policía Nacional han llevado a cabo una operación que resultó en la liberación de estas víctimas, principalmente de origen sudamericano y en situación de vulnerabilidad. Se han detenido a 37 personas y se realizaron 39 registros en varias provincias, donde la organización operaba bajo la fachada de locales de masajes. Las mujeres eran forzadas a ejercer la prostitución en condiciones deplorables, con un control estricto y vigilancia constante. La investigación también abarca posibles delitos de blanqueo de capitales relacionados con esta actividad delictiva.
La Guardia Civil, junto con la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera, ha llevado a cabo una operación conjunta que ha resultado en la liberación de 162 mujeres que eran víctimas de explotación sexual por parte de una organización criminal. Esta red operaba en varias provincias españolas, utilizando inmuebles adquiridos o alquilados para convertirlos en prostíbulos.
En el transcurso de esta operación, se han detenido a 37 individuos, distribuidos en diversas localidades: 22 en Valencia, cuatro en Málaga, cuatro en Murcia, cuatro en Castellón y tres en Alicante. De los detenidos, nueve han sido enviados a prisión provisional. Además, se realizaron 39 registros en siete provincias diferentes.
La investigación comenzó tras la denuncia de tres víctimas que revelaron haber sido explotadas sexualmente por varios hombres en distintas ciudades españolas. A partir de estas declaraciones y las indagaciones subsiguientes, se identificó a una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres, principalmente originarias de Sudamérica. Muchas de ellas se encontraban en situaciones vulnerables y carecían de permisos de residencia y trabajo.
La red tenía como modus operandi la captación de mujeres tanto dentro como fuera de España. Una vez reclutadas, las obligaban a ejercer la prostitución en diferentes puntos del país.
Para llevar a cabo su actividad delictiva, la organización adquiría o arrendaba propiedades mediante sociedades mercantiles que les otorgaban una apariencia legal, disfrazándolas como locales de masajes. Los inmuebles seleccionados eran mayoritariamente viviendas unifamiliares o locales comerciales, donde se realizaban reformas para adaptarlos a sus necesidades.
Las víctimas vivían hacinadas en condiciones deplorables; muchas veces dormían en literas o compartían camas con los clientes. Estos lugares estaban cerrados y presentaban problemas graves de ventilación y habitabilidad. Cada inmueble contaba con encargadas disponibles las 24 horas para supervisar a las mujeres, cobrar a los clientes y gestionar el contacto telefónico relacionado con anuncios de prostitución.
A las víctimas solo se les permitía salir durante dos horas al día y debían estar siempre disponibles para atender a los clientes. Los líderes de la organización controlaban constantemente los locales mediante un sistema de videovigilancia instalado dentro de cada propiedad destinada a la prostitución.
Cada servicio realizado generaba un reparto del ingreso: el 50% iba destinado a la organización y el resto era para las mujeres, aunque estas podían ser multadas por diversos motivos. Las víctimas eran trasladadas entre diferentes locales según lo dictara la conveniencia del grupo criminal.
La investigación reveló que la red estaba organizada en tres niveles: los líderes al mando, quienes poseían o arrendaban los inmuebles; un segundo nivel compuesto por personas encargadas de supervisar los locales; y un tercer nivel que incluía encargadas que vigilaban a las víctimas y otros colaboradores necesarios para el funcionamiento del negocio ilícito.
La operación culminó con el registro exhaustivo de 39 inmuebles distribuidos entre Valencia, Alicante, Castellón, Barcelona, Málaga, Murcia y Tarragona. Se incautaron 141.000 euros en efectivo y tres vehículos relacionados con las actividades ilegales.
Aparte del operativo policial principal, el Área Regional de Vigilancia Aduanera inició una investigación patrimonial sobre la organización criminal. Esto incluyó analizar posibles delitos relacionados con el blanqueo de capitales e identificar a quienes controlaban las empresas utilizadas como fachada para canalizar los beneficios obtenidos ilegalmente.
Dicha investigación sigue abierta mientras se examina información bancaria y documentación encontrada durante los registros domiciliarios. Se hallaron libretas detallando la contabilidad de cada local así como ordenadores donde se organizaban las cuentas por parte de los líderes y sus colaboradores más cercanos.
Con la trata no hay trato. La Policía Nacional ha habilitado una línea telefónica gratuita (900105090) y un correo electrónico (trata@policia.es) para facilitar denuncias anónimas sobre este tipo de delitos. Las llamadas no quedan registradas en las facturas telefónicas.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 162 | Número de mujeres liberadas |
| 37 | Número de detenidos |
| 7 | Número de provincias donde se realizaron registros |
| 141,000 euros | Cantidad incautada en efectivo |
Se liberaron a 162 mujeres que eran víctimas de explotación sexual.
Era una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres, que captaba principalmente a mujeres de origen sudamericano en situación de vulnerabilidad.
Las detenciones y registros se realizaron en varias provincias españolas, incluyendo Valencia, Málaga, Murcia, Castellón y Alicante.
La organización adquiría o alquilaba inmuebles para convertirlos en prostíbulos, donde las mujeres eran obligadas a ejercer la prostitución bajo condiciones inhumanas.
La Policía Nacional, junto con la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, realizó 39 registros en diferentes provincias y detuvo a 37 personas involucradas en la organización.
Las víctimas vivían hacinadas en condiciones deplorables, con horarios restringidos y bajo constante vigilancia por parte de encargados de la organización.
Además de las detenciones, se está llevando a cabo una investigación patrimonial para identificar bienes y cuentas bancarias relacionadas con los responsables de la organización criminal.