La Policía Nacional ha desarticulado una red criminal en España que estafaba a migrantes en situación irregular, ofreciendo trámites falsos de residencia a cambio de hasta 8.000 euros. La organización manipulaba documentos para simular arraigos sociales, laborales y familiares, además de emitir resguardos falsos de protección internacional. La operación resultó en 12 detenidos y seis registros en varias provincias, tras una investigación que reveló la implicación de un funcionario municipal que facilitaba el acceso a procedimientos administrativos irregulares. Los estafadores aprovechaban la vulnerabilidad de sus víctimas, cobrando entre 3.000 y 8.000 euros por los trámites fraudulentos.
La Policía Nacional ha llevado a cabo la desarticulación de un grupo criminal que, presuntamente, se dedicaba a estafar a migrantes en situación irregular en el país. Esta organización ofrecía trámites falsos de residencia a cambio de sumas que alcanzaban hasta los 8.000 euros, utilizando documentación manipulada para simular arraigos sociales, laborales y familiares. Además, emitían falsos resguardos de protección internacional por hasta 1.000 euros, engañando a las víctimas al hacerles creer que estaban en proceso de regularización legal.
La operación culminó con seis registros domiciliarios y la detención de 12 personas en diversas provincias: Guadalajara (5), Madrid (4), Toledo (2) y Barcelona (1). Esta acción se llevó a cabo tras meses de investigación.
El inicio del operativo se remonta a octubre de 2024, cuando se detectó en Teruel una solicitud irregular de autorización de residencia inicial por reagrupación familiar, que carecía del certificado correspondiente. Se descubrió que algunos documentos presentados podían haber sido falsificados.
A partir de este hallazgo, se identificaron numerosos trámites administrativos irregulares en diferentes provincias, donde varias personas estaban siendo utilizadas como reagrupantes sin su consentimiento, lo que resultó en engaños y estafas posteriores.
Un aspecto destacado de esta operación es la implicación directa de un funcionario del ayuntamiento en Toledo, quien supuestamente facilitaba el acceso irregular a procedimientos administrativos y alteraba datos oficiales. Su colaboración fue clave para el funcionamiento del grupo criminal, ya que proporcionaba una apariencia de legalidad a los trámites fraudulentos.
La red utilizaba datos obtenidos de bases registrales accesibles solo para funcionarios para obtener permisos de residencia para extranjeros irregulares, todo ello a cambio de importantes sumas de dinero.
El objetivo principal del grupo era captar migrantes sin permisos, ofreciéndoles vías ficticias para la legalización mediante autorizaciones por circunstancias excepcionales. Para ello, elaboraban expedientes falsos con vínculos laborales o familiares inventados y presentaban documentación fraudulenta ante las autoridades.
A las víctimas, muchas veces vulnerables y con escaso conocimiento del sistema legal español, se les cobraban entre 3.000 y 8.000 euros, dependiendo del tipo de trámite solicitado. La organización operaba en varias provincias con una estructura bien organizada para captar y derivar clientes.
Uno de los métodos más comunes era la venta fraudulenta de resguardos de solicitud de protección internacional por hasta 1.000 euros. Estos documentos eran completamente falsos y carecían de validez legal, pero eran utilizados para tranquilizar a las víctimas, quienes creían estar protegidas contra posibles órdenes de expulsión.
Los investigadores confirmaron que los miembros del grupo aprovechaban sus conocimientos legales para ofrecer asesorías simuladas y dar instrucciones sobre cómo actuar ante las autoridades para evitar ser detectados. Proporcionaban guiones detallados sobre qué declarar ante funcionarios policiales o en la Oficina de Extranjería.
La operación finalizó con seis registros domiciliarios que llevaron a la desarticulación completa del grupo criminal. Se detuvieron 12 individuos, se incautaron 13.670 euros en efectivo, así como dispositivos electrónicos y documentación relevante para la investigación.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 3.000 - 8.000 € | Cantidad cobrada por trámites falsos de residencia |
| 1.000 € | Cantidad cobrada por solicitudes de Protección Internacional |
| 12 | Número de detenidos en la operación |
| 6 | Número de registros domiciliarios realizados |
La red ofrecía trámites falsos de residencia a migrantes en situación irregular, cobrando entre 3.000 y 8.000 euros, utilizando documentación manipulada para simular arraigos sociales, laborales y familiares.
Se detuvieron a 12 personas en varias provincias de España, incluyendo Guadalajara, Madrid, Toledo y Barcelona.
Un funcionario del ayuntamiento de un municipio de Toledo presuntamente facilitaba el acceso irregular a procedimientos administrativos y alteraba datos en registros oficiales para ayudar a la organización criminal.
Las víctimas, muchas en situación de vulnerabilidad y con escaso conocimiento del marco jurídico, eran engañadas con promesas de legalización mediante trámites fraudulentos.
La red falsificaba resguardos de solicitud de protección internacional y elaboraba expedientes que simulaban vínculos laborales o familiares inexistentes.
La operación culminó con seis registros domiciliarios, la detención de 12 personas y la incautación de dinero en efectivo, teléfonos móviles y documentación probatoria relacionada con la investigación.