Detenidas dos personas en Huesca por alojar a cerca de 200 trabajadores temporeros en condiciones precarias. La Guardia Civil investiga a más individuos y empresas frutícolas implicadas en la explotación laboral. Los trabajadores, de diversas nacionalidades, vivían en instalaciones insalubres y peligrosas, con hacinamiento y falta de servicios básicos. La operación se llevó a cabo tras denuncias que alertaron sobre las condiciones inhumanas en las que se encontraban. Se ha coordinado con Servicios Sociales para reubicar a los afectados.
La Guardia Civil ha llevado a cabo la detención de dos individuos e investiga a un tercero, así como a tres empresas frutícolas de la comarca del Bajo Cinca, en Huesca. Estas entidades están implicadas en la explotación de cerca de 200 trabajadores que se dedican a la recolección de fruta en condiciones inadecuadas.
La operación se inició a principios del mes tras recibir varias denuncias que alertaban sobre la situación de precariedad en la que vivían estos trabajadores. Las denuncias indicaban que aproximadamente 200 personas de diversas nacionalidades habitaban en dos domicilios situados en Candasnos y en una finca que anteriormente funcionaba como un establecimiento hostelero, donde las condiciones eran alarmantes y vulneraban sus derechos tanto como trabajadores como extranjeros en España.
Las investigaciones revelaron que alrededor de 50 personas residían en los domicilios de Candasnos, incluyendo familias con menores, en viviendas con riesgo de derrumbe. Además, los agentes encontraron a 147 individuos hacinados en una finca convertida irregularmente para albergar más personas. Este lugar carecía de servicios básicos adecuados, como el saneamiento y una instalación eléctrica segura, lo que representaba un grave riesgo para su seguridad.
Durante las indagaciones, se observó que se estaban realizando trabajos de construcción sin la debida autorización para ampliar el número de habitaciones disponibles. Tras reunir toda la información necesaria, con el apoyo del Ayuntamiento de Candasnos y Servicios Sociales locales, se procedió al registro de la finca y a la detención de los responsables, quienes tienen 61 y 52 años respectivamente, por delitos contra los derechos laborales y los derechos de los ciudadanos extranjeros.
Los agentes también descubrieron que el propietario de los inmuebles tenía vínculos con los empresarios involucrados en las empresas frutícolas y temporales, buscando obtener beneficios económicos mediante el alojamiento precario de los trabajadores. Una de estas empresas retenía parte del salario correspondiente a los empleados bajo conceptos como alojamiento y transporte diario al trabajo, además de imponer condiciones laborales abusivas.
La operación fue ejecutada por la Compañía de la Guardia Civil de Fraga bajo la dirección del Juzgado de Instrucción núm. 2 de Fraga (Huesca). La colaboración incluyó a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, así como a Protección Civil del Bajo Cinca y Cruz Roja.
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 2 | Número de detenidos |
| 1 | Número de personas investigadas |
| 200 | Número total de trabajadores afectados |
| 50 | Número de personas viviendo en condiciones precarias en Candasnos |
| 147 | Número de personas hacinadas en la finca |
La Guardia Civil detuvo a dos personas e investigó a otra y a varias empresas por tener a cerca de 200 trabajadores dedicados a la recogida de fruta en condiciones precarias en la comarca del Bajo Cinca.
Cerca de 200 trabajadores de diferentes nacionalidades estaban viviendo en condiciones que atentaban contra sus derechos como trabajadores y extranjeros en España.
Los trabajadores vivían en casas con peligro de derrumbe, hacinados, sin adecuada canalización de aguas fecales, con instalaciones eléctricas precarias y riesgo evidente de incendio.
La investigación se inició tras recibir tres denuncias sobre las condiciones de vida de los trabajadores, lo que llevó a la Guardia Civil a realizar comprobaciones y registros en las propiedades involucradas.
Se dispuso que una de las empresas afectadas realojara a parte de los trabajadores, mientras que el resto quedó bajo la responsabilidad de uno de los empresarios implicados.
El propietario de los inmuebles tenía vínculos con los empresarios implicados, beneficiándose económicamente del alojamiento proporcionado a los trabajadores.
Se denunciaron condiciones laborales abusivas, como el pago diferido para cubrir el billete de avión del viaje de regreso al país de origen y retención de parte del salario por concepto de alojamiento y transporte diario.